Altea ha presentado alegaciones ante la nueva Ley de Ordenación de la Costa de la Generalitat, actualmente en fase de consulta pública por considerarla contraria a la conservación de los ecosistemas costeros.
En este sentido, el concejal de Urbanismo, José Orozco, ha argumentado la preocupación de que la nueva Ley de Ordenación de la Costa, “quiera reactivar procesos de urbanización en el poco litoral virgen, tanto en nuestro municipio como en el resto del territorio valenciano, que preservaba el PATIVEL (Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral), aprobado por el Botànic en 2018”.
Orozco también ha puesto sobre la mesa el consenso científico respecto de los impactos que el cambio climático tendrá tanto en la regresión de la costa, la subida del nivel del mar, en los recursos naturales y pérdida de biodiversidad, como sobre la actividad humana y sus bienes. De hecho, “para poder hacerle frente, se requieren principios como los de cautela y precaución que esta ley ignora”, subrayaba.
A lo que ha añadido que “cuando en el preámbulo de la ley determina que se preserva el territorio, se persigue desprotegerlo, y cuando señala que trata de poner en valor el litoral, lo que aparentemente busca es urbanizarlo”.
La ley menciona medidas orientadas a la preservación del paisaje litoral y del patrimonio cultural, viéndose quebradas cuando se acude a la Disposición Transitoria Tercera, que prevé que los suelos de mayor valor ambiental del litoral puedan admitir usos terciarios de camping a 100 metros, u hoteleros a 200 metros del litoral.
Este hecho contradice el Plan General Estructural de Altea, que ya ha obtenido un pronunciamiento a ambiental favorable por parte de la Conselleria, “y que impide la implantación de nuevos usos terciarios de nueva planta; salvo la restauración y reutilización de arquitectura tradicional ya existente, en los primeros 500 metros en el suelo no urbanizable de protección del litoral protegidos por el PATIVEL”; explica el responsable municipal de Urbanismo y Medio Ambiente.
Asimismo, ha indicado que, la citada Disposición Transitoria Tercera pone en entredicho toda la labor del texto jurídico al permitir, sin diagnóstico ni ordenación alguna previa, “la implantación de usos que imposibilitarán o dejaran sin finalidad el supuesto objetivo de la Ley, que pretende garantizar la protección del medio ambiente adoptando tomas de decisión preventivas en caso de riesgo”.
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