Ayer tuvo lugar el pleno de aprobación de la Cuenta General del año 2021 en el pleno extraordinario del Ayuntamiento de Benidorm, documento que además llevaba adjunto un informe del interventor.
Dicho documento esgrime en 24 páginas como es el funcionamiento de la gestión del Consistorio. Un informe que empezó a ser realizado por el interventor municipal, quién se jubiló el pasado mes de agosto, y por el interventor accidental, que ha terminado el estudio que inició el primero.
Este documento hace un resumen de las actuaciones de control interno en 2021 y muestra distintas irregularidades en la gestión económica del consistorio.
FCC y el contrato de basuras
El capítulo más extenso y que contiene las acusaciones más graves es el que se refiere a la prórroga y al precio del contrato de la recogida de basuras y limpieza que mantiene Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) caducado desde hace casi un lustro.
Una situación que genera que el Ayuntamiento de Benidorm este pagando al nivel que la empresa factura y sin un tope económico, como sí existía en el contrato que ya ha caducado.
El documento menciona la sentencia favorable a FCC, que dejaba sin efecto el acuerdo plenario de 2017 y fijaba la forma de cálculo de los precios. Por lo que el Ayuntamiento tuvo que abonar 7,7 millones de euros a la mercantil: 1,1 millones por el periodo de 2012 a agosto de 2013 y otros 6,6 millones de euros desde entonces hasta 2019.
Al tratarse de un servicio esencial la empresa ha continuado dando servicio hasta la licitación de un nuevo contrato. Y el consistorio benidormense aceptó el precio anual propuesto por la empresa de 11.065.238,77 euros. Lo que se traduce en un aumento en el coste anual de 1.792.398,92 euros.
Gastos menores
El informe también recoge numerosas deficiencias en las actuaciones diarias del ayuntamiento. Incidencias en gastos menores por no explicar su necesidad, falta de informes o aprobarlos después de ya haberse hecho el servicio. Además, nombra algunos ejemplos en los que se han aprobado facturas para actuaciones que ya debían estar contempladas por concesionarias contratadas.
Respecto al Departamento de Recursos Humanos, habla de la imposibilidad de verificar la corrección de los importes de las variaciones en las nóminas o discrepancias a la hora de abonar complementos a la plantilla de la Policía Local. Y alerta de los numerosos expedientes que se encuentran en “continuidad de servicio”, es decir, que siguen las empresas a pesar de que el contrato ya no admite más prórrogas.
En el capítulo de obras, habla de la remodelación de la Avenida del Mediterráneo, revelando que “se vulneró gravemente la legalidad contractual“, y en el documento se pide un informe sobre la defensa que se hizo ante la retasación de la expropiación del terreno del Moralet para analizar si se hizo de manera adecuada. Igualmente, el expediente recuerda que al empresario Enrique Ortiz se le ha abonado un mismo pago de 155.000 euros en dos ocasiones.
En las conclusiones se detalla que no existe un departamento específico de control financiero y que hay una actitud administrativa reacia a cualquier tipo de control.
Denuncias desde la oposición
No ha tardado en llegar la reacción de los partidos contrarios, tanto el Grupo Socialista como Ciudadanos piden ahora al Gobierno local que inicie las acciones que sean necesarias para depurar responsabilidades jurídicas ante las graves acusaciones plasmadas en el informe del Interventor.
Reclaman también que sea remitido a la institución que corresponda para frenar las malas prácticas que se arrastran desde la pasada legislatura en la gestión municipal.
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